ASESORIA LEGAL
Cápsula 4 - Medidas de protección para niños, niñas y adolescentes
CÁPSULA INFORMATIVA: TODO LO QUE NECESITAS SABER SOBRE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
1. ¿Qué son las medidas de protección y en qué consisten?
Las medidas de protección para niños, niñas y adolescentes son mecanismos legales establecidos en Chile para garantizar su bienestar, seguridad y desarrollo integral cuando se encuentran en situaciones de riesgo o vulnerabilidad. Según la Ley N.º 21.430 sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez, estas medidas buscan prevenir daños mayores y restituir derechos vulnerados.
Además, estas medidas cuentan con respaldo en instrumentos internacionales, como la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece la obligación de los Estados de adoptar todas las medidas necesarias para proteger a los menores contra cualquier forma de maltrato, descuido o explotación.
2. Elementos clave de las medidas de protección
La aplicación de medidas de protección debe considerar factores fundamentales que garanticen su eficacia y adecuación a cada caso específico. Estos elementos son:
- Interés superior del menor: Todas las acciones deben orientarse a garantizar el bienestar y desarrollo integral del niño/a.
- Temporalidad: Las medidas son revisadas periódicamente para adaptarse a las necesidades cambiantes del menor.
- Proporcionalidad: Las acciones deben ser adecuadas a la situación de riesgo detectada.
- Participación: Se debe considerar la opinión del menor, teniendo en cuenta su edad y madurez.
3. ¿Cómo se solicitan las medidas de protección y quiénes pueden pedirlas?
Las medidas de protección pueden ser solicitadas por cualquier persona o institución que tenga conocimiento de que un niño, niña o adolescente está en situación de riesgo o vulnerabilidad. Esto incluye:
- Familiares cercanos.
- Instituciones educativas o de salud.
- Servicios de protección especializados, como el Servicio Nacional de Mejor Niñez.
- Cualquier ciudadano que observe una situación de peligro.
La solicitud se realiza ante los tribunales de familia, quienes analizan el caso y decretan las medidas necesarias. En casos urgentes, es posible pedir intervenciones inmediatas, como la prohibición de acercamiento de un agresor o el traslado del menor a un lugar seguro.
4. ¿Cómo iniciar un procedimiento proteccional según la legislación chilena?
Para iniciar un procedimiento proteccional, es necesario presentar una denuncia o solicitud ante el Tribunal de Familia, indicando las circunstancias que ponen en riesgo al niño, niña o adolescente. Este procedimiento implica los siguientes pasos:
- Presentación de la denuncia: Puede ser realizada por cualquier persona o institución que tenga conocimiento del caso.
- Medidas provisionales: El tribunal puede dictar medidas inmediatas, como el retiro del menor del entorno peligroso o la prohibición de contacto con personas que representen una amenaza.
- Evaluación interdisciplinaria: El tribunal puede solicitar informes al Servicio Nacional de Mejor Niñez u otros equipos especializados para fundamentar sus decisiones.
- Audiencias: Se programan para evaluar pruebas, escuchar a las partes involucradas y determinar las medidas definitivas.
En situaciones de emergencia, la legislación permite que Carabineros, PDI o incluso particulares actúen de inmediato para garantizar la seguridad del menor.
5. Circunstancias a considerar al decretar medidas de protección.
Los tribunales deben evaluar diversos factores al establecer medidas de protección, entre ellos:
- Edad del menor: Las necesidades y el tipo de protección varían según su etapa de desarrollo.
- Naturaleza y gravedad del riesgo: Se analizan situaciones de maltrato, negligencia, abandono o abuso.
- Vinculación familiar: Siempre que sea posible, se prioriza el mantenimiento de los lazos familiares.
- Informes de profesionales: La opinión de equipos interdisciplinarios es clave para determinar las acciones adecuadas.
6. Relación entre medidas de protección y derechos del menor.
Las medidas de protección tienen como objetivo no solo remediar situaciones de riesgo, sino también garantizar que se respeten y promuevan los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. Entre estos derechos se incluyen el acceso a la educación, la salud, la identidad y un desarrollo integral en un entorno seguro y protegido.